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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Madrid es la comunidad autónoma donde más se aborta, según el informe del Ministerio de Sanidad. Con una tasa de 16 abortos por cada mil mujeres, Madrid se sitúa a la cabeza de una clasificación en la que Islas Baleares (14,91), Murcia (14,80) y Cataluña (14,31) son los tres siguientes protagonistas.
En la Comunidad presidida por Esperanza Aguirre son muchas las voces que se alzan para denunciar que la propia administración sanitaria contribuya en esos abortos al financiar buena parte de los mismos. Pero desde los sectores proabortistas tampoco faltan quienes critican que la Comunidad ayude y subvencione a organizaciones que atienden a embarazadas sin recursos.
Al poner en una balanza las ayudas para madres sin recursos y las partidas destinadas a financiar abortos el resultado es prácticamente un empate. Madrid ayuda a las madres con problemas, sí, pero también ha financiado 20.344 abortos desde el año 2003. El pasado 2007, un total de 26.432 no nacidos perdieron la vida en Madrid como consecuencia del aborto provocado. Casi la totalidad, el 98% de las mujeres que se sometieron a un aborto, lo hizo acogiéndose al riesgo psicológico, una tendencia consolidada en la vigente ‘ley coladero’. Pues bien, el 22,3 por ciento de esos abortos realizados en clínicas privadas, es decir, 5.894, se pagó con dinero de todos los madrileños a través del Servicio Madrileño de Salud, SERMAS. Así consta en el Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid (04-08) y así lo reflejan las facturas que año tras año carga la clínica Dator, por ejemplo, al citado SERMAS, tal como publicó ALBA en febrero del año pasado, tras encontrar en un cubo de basura numerosas facturas de este centro abortista.
Y es que, según el informe Acceso al aborto en el Estado español, realizado por ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo) y el “Grupo de Interés español en población, desarrollo y salud reproductiva”, en Madrid las ayudas públicas a los abortos “se gestionan a través del SERMAS y se dirigen a mujeres que acrediten no disponer de medios para financiarlos”. Además de informar en internet sobre estas ayudas, explica el informe, la Comunidad de Madrid cuenta con un teléfono de información sexual, dirigido especialmente a jóvenes, en el que también dan cuenta de las ayudas. Señala el informe que “el presupuesto destinado por la Comunidad de Madrid en este sector es superior al de muchas otras regiones que disponen de financiación, como Cataluña, o de otras que no destinan ningún tipo de recurso”.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los abortos se llevaron a cabo en el primer trimestre de embarazo, y que el precio medio para estos casos es de 400 euros (380 con anestesia local y 470 con anestesia general según Dator), la Comunidad de Madrid habría invertido, en 2007, 1.972.400 euros de dinero público en abortos. En años anteriores, el SERMAS financió 7.195 abortos en 2003, 3.848 en 2004, 4.446 en 2005 y 4.803 en 2006.
De la misma manera, la Comunidad presidida por Aguirre colabora, desde hace años, con diversas asociaciones pro vida que ayudan a embarazas sin recursos. Es el caso de las organizaciones Adevida o Pro Vida Madrid. Según el diario El País (1-abril-09), Adevida recibe estas ayudas autonómicas desde 2001, y sólo en 2009 podría recibir “un millón de euros a repartir con Villa Norte, una red de residencias gestionada por religiosas” para acoger a mujeres embarazadas. En 2008 Madrid destinó 1,6 millones de euros a proyectos de apoyo a la maternidad, según la Consejería de Familia y Asuntos Sociales; parte de estos fondos se distribuyó a través del programa Red de Madres, puesto en marcha por la propia Comunidad, que financia a entidades que ayudan a las madres y a sus familias, ofrecen servicios de guardería, bolsa de empleo y formación.
Críticas de los ‘proaborto’
Estas ayudas y determinadas actuaciones pro vida de la Comunidad han suscitado las críticas de los sectores que consideran el aborto como un ‘derecho’ de la mujer. Así, en agosto de 2007, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Matilde Fernández, criticó al Gobierno regional por “someterse a la presión fundamentalista de los antiabortistas“. Sucedió entonces que la Comunidad, a través del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, intentó impedir que una niña marroquí de 17 años que estaba bajo la tutela de la Comunidad abortara. La comunidad árabe denunció entonces que “la menor quería abortar y su religión se lo permitía”; la página mundoarabe.org escribía: “La Comunidad gobernada por el derechista Partido Popular dedica enormes subvenciones a grupos fundamentalistas y organizaciones católicas antiabortistas que pretenden acabar con el derecho al aborto”, mientras que la secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, criticó la actitud del Instituto del Menor por tratar “de convencer a la menor de que no abortara”. “La misión de los responsables de este Instituto no es convencer, sino informar de todas las posibilidades, entre las que se encuentra, por supuesto, el aborto”, dijo Álvarez, que acusó a la Comunidad de “actuar de forma temerosa ante los grupos de presión”.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, se ha referido siempre al aborto como un fracaso y nunca como un derecho, y en no pocas ocasiones ha mostrado su intención de ayudar a las madres sin recursos. Pese a todo, los datos más recientes de dinero destinado a abortos (1.972.000 euros en 2007) y de ayudas a la maternidad (1.600.000 euros en 2008) no inclinan la balanza a favor de la vida.
Más información sobre esta noticia en el número 224 del Semanario ALBA, ya en los puntos de venta habituales.
A esto se le llama poner una vela a Dios y otra al diablo. Esta contradicción la tiene que arreglar Esperanza Aguirre, porque ella, que es una mujer de principios, no debe financiar ni una sola acción abortista. Si lo espero del llorón Gallardón, pero de ella no. Y tiene la obligación de corregir esta anomalía.